El 21 de marzo de 2024, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, un paso significativo en la prolongada disputa territorial entre Venezuela y Guyana. La legislación, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, busca formalizar la anexión del Esequibo, un territorio de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados que actualmente está bajo control guyanés.

La ley fue presentada en un contexto de creciente tensión entre ambos países, especialmente después de un referendo consultivo realizado en diciembre de 2023, donde más del 90% de los votantes apoyaron la incorporación del Esequibo a Venezuela. Maduro, al promulgar la ley, afirmó: “El referéndum ratificó que el territorio Esequibo le pertenece a Venezuela”. Esta declaración subraya el compromiso del gobierno venezolano con su reclamación territorial.

La nueva legislación establece que hasta que se celebren elecciones en el estado Guayana Esequiba, el poder será ejercido por un jefe de gobierno designado por el presidente Maduro. En este sentido, se nombró a Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única para administrar el territorio en disputa. La ley también prohíbe la elaboración y distribución de mapas que no incluyan al Esequibo como parte del territorio venezolano, lo que refleja la determinación del gobierno de consolidar su posición sobre esta región rica en recursos naturales.

El conflicto por el Esequibo no es nuevo; se remonta a más de 180 años y ha sido objeto de múltiples negociaciones y controversias. Guyana ha administrado la región desde finales del siglo XIX y considera que el Laudo Arbitral de 1899, que cedió el territorio a Gran Bretaña, es válido. Por otro lado, Venezuela sostiene que este acuerdo fue manipulado y defiende su reclamación basándose en los Acuerdos de Ginebra de 1966.

La aprobación de esta ley ha generado reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. Guyana condenó la medida y advirtió que no tolerará ninguna acción que considere una amenaza a su soberanía. El Gobierno guyanés instó a la comunidad internacional a intervenir en esta disputa territorial. En respuesta a las tensiones crecientes, Maduro acusó a Guyana de estar bajo influencia estadounidense y denunció la existencia de “bases militares secretas” en el área.

A medida que se intensifican las hostilidades diplomáticas, la situación en el Esequibo se complica aún más. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se ha declarado competente para abordar el caso, aunque Venezuela ha rechazado su jurisdicción. El país sudamericano debe presentar una contramemoria ante la CIJ en abril de 2024 para defender su postura sobre el Esequibo.

Este desarrollo legislativo coincide con un periodo electoral en Venezuela, lo que ha llevado a algunos analistas a cuestionar si la aprobación de la ley tiene motivaciones políticas internas. La norma incluye disposiciones que podrían inhabilitar a candidatos opositores que apoyen a Guyana, lo cual podría ser visto como un intento del gobierno para consolidar su poder antes de las elecciones presidenciales programadas para julio de 2024.